Ciudadanos y Podemos abren ya la puerta a entrar en gobiernos

Unidos Podemos y Ciudadanos irrumpieron en el tablero político nacional en 2015 bautizados como «fuerzas del cambio» y con la vocación de convertirse en algo más que en muletas de gobierno del bipartidismo al que combatían. El proyecto morado logró hacerse con algunas alcaldías a nivel municipal, pero en el plano autonómico ambas formaciones se limitaron a ejercer como bisagra para apuntalar a PP y PSOE en el poder de las comunidades. Un apoyo externo, sólo de investidura, para no contaminarse ni desgastarse con la gestión del Gobierno. Sin embargo, esta estrategia ha cambiado y bien en la actualidad, como en el caso de Castilla-La Mancha, o con la vista puesta en las elecciones de 2019, Pablo Iglesias y Albert Rivera ya modulan el discurso y abren la puerta a entrar en ejecutivos autonómicos.

Unidos Podemos dio por primera vez el paso de entrar en un gobierno el jueves después de firmar hace semanas un acuerdo con Emiliano García-Page para apoyar los presupuestos de la región, paralizados desde hace meses. El de Castilla-La Mancha es el primer ejecutivo de coalición del PSOE con Podemos, ya que los ayuntamientos gobernados por las confluencias moradas no están dirigidos por este partido, sino por agrupaciones en las que participa la formación –por ejemplo, en barcelona el PSC está dentro del Gobierno de Ada Colau (barcelona en Comú), donde En Comú Podem está en minoría–. Hasta ahora, Podemos se había opuesto a entrar en gobiernos con el PSOE, dada su incompatibilidad y el perjuicio electoral que les supondría sumarse a quienes aspiraban a fagocitar. Sin embargo, a pesar de que ya se haya entrado en el Gobierno de Page, este asunto sigue generando división. Mientras que el secretario de Organización, Pablo Echenique, llama a exportar el modelo a nivel estatal -con la moción de censura-, la líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, se opone a cualquier tipo de integración.

Ahora, la fórmula manchega abre la espita para explorar la entrada en otros ejecutivos en los que la colaboración existe, aunque sólo se apoya el Gobierno desde fuera. El debate palpita en Baleares y la Comunidad Valenciana. En el archipiélago se encarará en el próximo congreso regional de los morados, ante la existencia de dos corrientes: una a favor y otra en contra de la integración. En 2015, los socialistas del PSIB y Més le ofrecieron entrar y que asumiera responsabilidades en la gestión, pero Podemos recelaba del PSOE y decidió no hacerlo. También el debate de la entrada de los morados en el Govern valenciano ha sido una constante. La formación de Pablo Iglesias recela de que Compromís rentabilice electoralmente su gestión en el espectro de la izquierda y buscaban tener más peso en las políticas económicas. Sin embargo, a día de hoy «las relaciones entre las tres patas del Botànic [PSPV y Compromís en el Gobierno con el respaldo parlamentario de la formación morada] son de lealtad y en sintonía», por lo que no se prevé que el equilibrio de fuerzas en el Ejecutivo vaya a cambiar a corto plazo. Situación distinta se da en Extremadura, donde el PSOE es la fuerza más votada y no cuenta con alternativa, y en Aragón, donde las relaciones tensas entre Javier Lambán y Pablo Echenique dificultan el entendimiento.

En el caso de Ciudadanos el cambio es meramente discursivo: de la decisión de «permanecer fuera de los gobiernos que no presidiéramos» (Documento de Estrategia 2015) a «poder participar en ejecutivos autonómicos» y «estar preparado para convertirse en un partido de gobierno en nuestros ayuntamientos, en aquellos lugares en los que los resultados de las próximas elecciones municipales de 2019 así lo permitan» (Ponencia de Estrategia y Líneas de Actuación Política, redactada en 2016 y aprobada en 2017). Albert Rivera sostiene ahora que aunque «está bien pedirle cambios a PP y PSOE», como exigían en sus pactos de investidura con un fuerte componente de regeneración democrática, «los cambios es mejor ejercerlos y protagonizarlos» desde dentro. La finalidad es doble. Por un lado adquirir experiencia en la gestión para poder llegar a gobernar de manera autónoma en el futuro y ser capaces de capitalizar los réditos de dicho ejecutivo. Y por otro lado, establecer un control más exhaustivo en el cumplimiento de los requisitos exigidos a los grandes partidos, dado que -por ejemplo- en el caso de Mariano Rajoy están teniendo dificultades para que se lleven a cabo los 150 compromisos del pacto de investidura.

Con el nuevo dogma, los naranjas tendrían hoy presencia en el gobierno andaluz de Susana Díaz o en el madrileño de Cristina Cifuentes, además de en otros ejecutivos regionales como el de Castilla y León, La Rioja o Murcia en los que apoyaron la investidura de los candidatos populares. La inclusión de Ciudadanos en el Gobierno de Andalucía fue una de las opciones que Susana Díaz barajó, si ganaba las primarias a Pedro Sánchez, para garantizar una sucesión sin sobresaltos. Con los naranjas dentro de la Junta, Díaz se aseguraba que no harían caer su gobierno en caso de que decidiera dar el salto a Madrid. Sin embargo, su abultada derrota el 21 de mayo no dio oportunidad de explorar la fórmula. Precisamente, esa capacidad de hacer caer un ejecutivo fue la que motivó que los populares promovieran la salida de Pedro Antonio Sánchez en Murcia -sustituido por Fernando López Miras- para impedir que un tripartito liderado por el PSOE se hiciera con las riendas de la región.

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