La Audiencia juzga a la ex cúpula de Caja Madrid por el uso de las "tarjetas black"

ECONOMIA 26-9-2016 Razon 590

Sesenta y cinco ex consejeros y directivos de Caja Madrid y Bankia –encabezados por sus ex presidentes Miguel Blesa y Rodrigo Rato– afrontarán desde hoy en la Audiencia Nacional el juicio por los casi doce millones de euros que gastaron con las polémicas «tarjetas black» de la entidad entre los años 2003 y 2012. La Fiscalía Anticorrupción reclama para Blesa una pena de seis años de cárcel y otros cuatro y medio para Rato (y de uno a cuatro años para el resto de los procesados), en ambos casos por un delito continuado de apropiación indebida, aunque la acción popular que ejercen la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y la Confederación General del Trabajo (CGT) eleva esas peticiones hasta los diez años de prisión. En cuanto al FROB y la propia Bankia, que ejercen la acusación particular en su condición de perjudicados, solicitan una condena de tres años de prisión para el ex vicepresidente del Gobierno y de cuatro años para Blesa, pues atribuyen a ambos, además, un delito de administración desleal.

Anticorrupción pretende también que se imponga a los dos ex presidentes de la entidad una multa de 108.000 euros y que devuelvan las cantidades gastadas por los directivos bajo su mandato: 9,3 millones en el caso de Blesa, correspondiente al periodo comprendido entre enero de 2003 y el mismo mes de 2010, y 2,6 millones en el de Rato por las cantidades gastadas entre febrero de 2010 y mayo de 2012. De ambas cantidades deberían responder solidariamente, según el fiscal Alejandro Luzón, los respectivos usuarios de las tarjetas. Rato ya devolvió 98.837 euros de los 99.054 que gastó con su plástico, mientras que Blesa ha podido reintegrar hace unos días los 436.688 gastados tras autorizar el juez Fernando Andreu, instructor de la causa, el levantamiento parcial del embargo de sus bienes para ese fin.

La Fiscalía –a la que el FROB alertó en 2014 de la existencia de estas tarjetas tras una auditoría interna de Bankia, presidida en esas fechas por José Ignacio Goirigolzarri– y el resto de las acusaciones sostienen que esos plásticos opacos fueron emitidos «al margen del circuito ordinario» de las tarjetas propias de la entidad bancaria. Bajo la presidencia de Blesa, continúa el Ministerio Público, fue él quien autorizó su entrega a los miembros del consejo de administración, de la comisión de control y a determinados altos directivos para que la utilizaran «hasta la cuantía por él mismo establecida» para «gastos de libre disposición», unos desembolsos, recalca el fiscal, «ajenos al desarrollo de cualquier actividad de representación de la entidad o al desempeño de funciones al servicio de la misma». Un sistema que Rato decidió mantener al llegar a la presidencia de la entidad y que posteriormente trasladó a Bankia, recuerda el fiscal.

Restaurantes, viajes y hoteles

La relación de gastos de los altos cargos de Caja Madrid incluye restaurantes, viajes, hoteles, ropa, joyas, arte y hasta vales de parking, unos desembolsos que, según sostiene Bankia en su escrito de acusación, se efectuaron «en detrimento del patrimonio cuya administración tenían encomendada».

Los 65 acusados, sin embargo, insisten en que las tarjetas tenían respaldo legal y que se trataba de gastos de representación de los que, como parte de sus retribuciones, no debían justificar ante la entidad. Insistirán ante el tribunal, por tanto, en que nunca se ocultaron ni a la contabilidad de Caja Madrid ni a Hacienda.

Aunque la gestión de las tarjetas correspondía al Comité de Medios de la entidad bancaria, Blesa dejó esa tarea en manos de Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid. Anticorrupción asegura que Caja Madrid «nunca practicó la correspondiente retención fiscal» con el propósito, denuncia, «de ocultar la verdadera naturaleza y finalidad» de la emisión de las «black».

Fuentes de las defensas de los imputados, sin embargo, hacen hincapié en que «nunca hubo conciencia de haber obrado mal» y que la existencia de los plásticos «se conocía públicamente». Se trataba, añaden esas mismas fuentes, de «un medio de pago para compensar la dedicación, pues el único pago que realizaba Caja Madrid a los consejeros era una indemnización por asistencia a las sesiones, claramente insuficiente, pues no cubría ni los gastos en los que se incurría fuera de las mismas».

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